Perú quiere conservar sus relaciones con Washington y Pekín. El problema es que la rivalidad entre ambas potencias está convirtiendo decisiones comerciales, tecnológicas y portuarias en decisiones geopolíticas.
Una elección presidencial en Estados Unidos puede parecerle distante al peruano que compra en el mercado, al pequeño comerciante que intenta sostener su negocio o al emprendedor boliviano que busca abrirse camino en Lima.
Washington queda lejos. Pekín, mucho más.
Sin embargo, las decisiones tomadas en esas capitales terminan llegando hasta nosotros. Aparecen en el precio de los productos, en las oportunidades de exportación, en el empleo, en las condiciones de una inversión, en la compra de equipos tecnológicos o en las rutas por las que salen los minerales y entran las mercancías.
La política exterior de las grandes potencias rara vez permanece en el exterior.
Sus disputas terminan entrando en nuestros puertos, mercados y gobiernos.
Por eso las recientes declaraciones del canciller peruano Carlos Espá, quien anunció la intención del nuevo gobierno de profundizar la relación con Estados Unidos, merecen algo más que una lectura diplomática. Espá calificó a Washington como un socio estratégico y expresó la expectativa de que revise los aranceles que afectan a una parte considerable de las exportaciones peruanas.
A primera vista, no hay nada extraordinario en ello. Estados Unidos mantiene una relación histórica con Perú y sigue siendo fundamental para sus exportaciones no tradicionales, la cooperación en seguridad y el acceso a determinadas tecnologías.
El problema aparece cuando colocamos esas declaraciones dentro de una tensión mayor.
China es el principal socio comercial del Perú. Estados Unidos continúa siendo su socio estratégico más importante. Perú necesita de ambos, pero los necesita para cosas diferentes. Y esa doble dependencia comienza a resultar cada vez más difícil de administrar.
Una política que funcionó
Durante varias décadas, Perú construyó una política comercial basada en una idea razonable: abrirse al mundo, atraer inversiones y evitar alineamientos rígidos.
El acuerdo comercial con Estados Unidos entró en vigor en 2009. El tratado con China lo hizo en 2010. Después vinieron otros acuerdos y espacios de integración con Europa, Asia y América Latina.
La estrategia parecía demostrar que no era necesario escoger. Perú podía vender minerales a China, productos agrícolas a Estados Unidos y mantener relaciones con múltiples mercados sin convertir cada operación comercial en una declaración política.
Aquello no fue ingenuidad. Fue pragmatismo.
La apertura ayudó a ampliar las exportaciones, atraer capital y conectar al país con la economía transpacífica. Mientras la globalización premiaba la interdependencia, comerciar con todos parecía una forma inteligente de reducir riesgos.
Pero el mundo que hizo posible esa estrategia está cambiando.
Estados Unidos y China ya no compiten solamente por mercados. Compiten por tecnologías, rutas logísticas, minerales críticos, infraestructura, datos, influencia diplomática y capacidad militar.
En ese contexto, una carretera puede ser más que una carretera. Una red de telecomunicaciones puede ser más que una inversión. Y un puerto puede dejar de ser observado como una instalación destinada únicamente a recibir y despachar mercancías.
Chancay y el final de la inocencia comercial
El puerto de Chancay representa con claridad este cambio.
Para Perú, el terminal significa inversión, empleo, reducción de costos y una conexión más directa con Asia. Para China, constituye una pieza importante de su expansión comercial hacia América Latina. Para Estados Unidos, puede representar el control chino de una infraestructura estratégica en el Pacífico.
La controversia aumentó cuando una decisión judicial limitó la capacidad supervisora de Ositrán sobre el terminal. Washington advirtió entonces que Perú podía estar comprometiendo su soberanía frente a propietarios chinos. Pekín rechazó la acusación y sostuvo que el puerto continúa sometido a la legislación peruana.
Conviene evitar dos simplificaciones.
La primera sería asumir que toda inversión china encubre necesariamente una amenaza. Esa sospecha convertiría cualquier relación económica en una conspiración y privaría a Perú de oportunidades que necesita.
La segunda sería creer que una infraestructura de la escala y posición de Chancay puede evaluarse solamente por sus beneficios comerciales.
Un puerto de esas características también maneja datos, accesos, rutas y capacidades logísticas. Puede convertirse en un activo relevante para la seguridad nacional. La pregunta no debe limitarse a quién aportó el capital, sino incluir quién controla, quién fiscaliza, quién accede a la información y qué capacidad conserva el Estado para hacer cumplir sus decisiones.
El verdadero problema no es que Chancay acerque a Perú con China.
El problema sería que Perú no tuviera claridad sobre las consecuencias de esa cercanía.
Dos relaciones diferentes
En febrero de 2026, el entonces canciller Hugo de Zela afirmó que al país no le convenía tener que elegir entre Estados Unidos y China. Explicó que la relación con China era fundamentalmente comercial y de inversiones, mientras que con Estados Unidos era estratégica.
Su descripción fue precisa, pero también reveló la dificultad.
China compra una parte decisiva de las materias primas peruanas y ha ganado presencia en minería, electricidad, logística e infraestructura. Estados Unidos mantiene mayor peso en seguridad, cooperación antidrogas, tecnología, finanzas y acceso para exportaciones con mayor valor agregado.
Perú depende económicamente de una potencia y estratégicamente de la otra.
Mientras ambas relaciones puedan mantenerse separadas, el equilibrio parece posible. Pero esa separación se vuelve más difícil cuando el comercio se mezcla con la seguridad, la tecnología con la soberanía y la inversión con el control de infraestructura crítica.
No existe todavía una obligación de escoger un bloque completo. Perú puede y debe conservar vínculos con ambos países. Pero no podrá mantener la misma distancia en todas las áreas.
Tendrá que decidir quién participa en sus redes de telecomunicaciones. Qué estándares adopta para proteger sus datos. Bajo qué condiciones permite inversión extranjera en infraestructura crítica. Con quién comparte información de seguridad. A quién compra armamento. Quién procesa sus minerales y qué dependencia está dispuesto a aceptar.
Estas decisiones parecen sectoriales, pero juntas construyen un alineamiento.
El precio de no decidir
Quienes somos optimistas queremos creer que un gobierno elegido puede administrar estas tensiones con capacidad y sentido nacional. Pero el optimismo no sustituye la estrategia.
Decir que Perú no quiere escoger expresa una aspiración comprensible. No define qué hará cuando conservar un beneficio chino implique asumir un costo estadounidense, o cuando acercarse a Washington amenace una inversión vinculada con Pekín.
Tampoco basta con invocar la soberanía.
La soberanía no consiste únicamente en rechazar presiones extranjeras. También exige contar con reguladores fuertes, información suficiente, instituciones capaces y una política exterior que anticipe los conflictos antes de que las potencias los trasladen al territorio nacional.
La neutralidad puede ser una estrategia. La improvisación, no.
Perú necesita definir qué sectores considera estratégicos, qué activos requieren una supervisión especial, qué concentraciones económicas resultan peligrosas y qué límites no deben cruzarse, independientemente del país de origen de la inversión.
También debe diversificar. Una nación demasiado dependiente de un solo comprador pierde margen para negociar. Una nación que depende de otro país para su seguridad, tecnología o financiamiento tampoco decide con plena libertad.
El objetivo no debería ser escoger apresuradamente entre Washington y Pekín. Debería ser reducir las dependencias que permitan a cualquiera de los dos escoger por nosotros.
Una discusión que debe salir de la Cancillería
Este debate no pertenece solamente a diplomáticos, empresarios o especialistas en comercio exterior.
Sus consecuencias llegarán al trabajador, al comerciante, al agricultor y a la familia que hoy considera estas disputas demasiado lejanas. Llegarán mediante aranceles, empleo, precios, inversiones y oportunidades que pueden abrirse o desaparecer.
Perú todavía tiene espacio para actuar. Puede comerciar con China, cooperar estratégicamente con Estados Unidos y relacionarse con otros centros de poder. Pero para conseguirlo necesita abandonar la idea de que toda apertura es neutral y toda inversión beneficiosa por definición.
El pragmatismo consiste en relacionarse con todos sin perder de vista el interés nacional.
La ingenuidad comienza cuando se cree que esa relación no tendrá consecuencias.
Tal vez Perú no tenga que escoger una bandera. Pero ya está escogiendo, proyecto por proyecto, puerto por puerto y acuerdo por acuerdo, qué dependencias acepta para su futuro.
Sería mejor que lo hiciera con los ojos abiertos.